Cáritas lamenta la aprobación de un pacto que refuerza el control migratorio a riesgo de continuar mermando las condiciones de vida y los derechos de las personas que migran
Cáritas recibe con preocupación el anuncio de un acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo para aprobar un nuevo Pacto de Migración y Asilo. A falta de conocer y analizar el contenido íntegro de este paquete legislativo – a aprobarse previsiblemente en los próximos meses – el acuerdo de esta semana supone la culminación de un proceso que reconfigura el sistema europeo común de asilo haciéndolo más inaccesible y menos solidario.
El nuevo marco normativo se acuerda con una clara prioridad: reforzar el control migratorio. Externaliza la gestión migratoria a terceros países con el objetivo de evitar llegadas a territorio europeo e impulsa procedimientos fronterizos exprés a aquellas personas que sí logren llegar, sujetas a rigurosos controles mientras se les priva de libertad.
La solidaridad entre estados europeos también se ve afectada, abriendo la puerta a que países rehúyan de cumplir con compromisos de acogida de personas migrantes a cambio de una contribución económica. A su vez, incluye cláusulas abiertas para que los estados puedan suspender la aplicación de garantías procedimentales básicas en situaciones de crisis, “fuerza mayor” o “instrumentalización” de las migraciones.
Finalizado durante el período de presidencia española de la Unión Europea, el Pacto refuerza, además, un discurso que estigmatiza a las personas que migran. Denuncia además las vías irregulares de migración sin ofrecer alternativas claras y estructurales para que las personas puedan optar por vías legales y seguras para migrar.
Ante este escenario, desde Cáritas continuaremos exigiendo a las administraciones públicas españolas y europeas un marco legislativo que priorice las vías legales y seguras para migrar, tal y como reivindicamos en nuestra nota de prensa por el Día de las Personas Migrantes.
«Reiteramos nuestra apuesta por una sociedad que acoge a las personas que migran a nuestro país, continuando con nuestra labor de acompañar las situaciones de vulnerabilidad transitoria conexas a un cambio de comunidad, así como denunciando las barreras legales y burocráticas a las que se enfrentan», señala Diego Fernández-Maldonado, miembro del equipo de orientación jurídica e incidencia política de Cáritas Española.
En línea con las palabras de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, lamentamos la oportunidad perdida para impulsar unas normas que pongan a la persona, su dignidad y sus derechos inherentes en el centro de esta hoja de ruta para regular las migraciones durante los próximos años.
