Cáritas Diocesana de Canarias, junto a un numeroso grupo de personas que asisten a los Servicios de Orientación e Intermediación Laboral y al Servicio de Asesoramiento a Trabajadoras del Hogar, ha estado presente un año más en la manifestación del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, recordando que “el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de toda la humanidad” porque es esencial para la vida de las personas, ya que a través del mismo se potencia, desarrolla y expanden sus capacidades y cualidades.
Este año se ha querido poner de manifiesto los efectos de la precariedad laboral y como éstos afectan directamente a las familias, a personas jóvenes y mayores. Denunciamos los graves efectos que la precariedad laboral está teniendo en “la juventud hundida en una pobreza crónica que les imposibilita un proyecto de vida”, en las “familias cuyas necesidades básicas quedan sin asegurar o sin cubrir, como son el techo, luz, comida, ropa o medicamentos” y en las “personas mayores que sufren una vejez sin calidad a causa de unas pensiones indignas”, además de subrayar que “el trabajo es esencial para la vida de las personas porque ayuda a construir nuestra humanidad”.
Actualmente, hay más de 3 millones de personas desempleadas en España (EPA 2018) y el trabajo que se ofrece es en gran medida temporal, llegando al 58% en el caso de las jornadas parciales (EPA 2018). La mitad de las horas extras realizadas no son remuneradas (CC.OO. y EPA 2018) y existen grandes desigualdades salariales entre mujeres y hombres (INE 2018). Por otro lado, según el Informe Arope el 14,1% de las personas ocupadas son consideradas personas trabajadoras pobres.
Esta fotografía del mundo laboral nos habla de precariedad y de cómo se han normalizado condiciones de trabajo que no garantizan una vida digna. Por todo ello, queremos transformar estas condiciones de quiebra de derechos y de dignidad, situando a las personas en el centro de la vida política y de las relaciones laborales y del trabajo, facilitando el diálogo social entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, empresariado y agentes sociales. En este 1 de Mayo también se exige que los poderes públicos hagan efectivo el derecho a un trabajo digno para todas las personas, que se reconozca social y jurídicamente el trabajo de cuidados y que se promuevan unas condiciones laborales que garanticen la integridad física y psíquica de la persona, así como su protección social.
