• La mejora del sector económico no redunda en las condiciones de vida de la población canaria y deja al descubierto la pobreza estructural en nuestra provincia.
• La precarización de derechos fundamentales intensifica las situaciones de exclusión social.
Cáritas Diocesana de Canarias (que desarrolla su acción en la provincia de Las Palmas) atendió a lo largo del 2016 a un total de 10.160 personas de forma directa, lo que significa, si contamos con sus familias, que la acción de Cáritas ha incidido en unas 25.000 personas.
Así se expuso hoy jueves, 15 de mayo, durante la presentación de la Memoria Institucional 2016, en la que estuvieron presentes el Obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor Francisco Cases y la Secretaria General de Cáritas Diocesana de Canarias, Dña. Caya Suárez. Estos datos reflejan la existencia de una realidad de pobreza estructural en nuestra provincia, que permanece constante independientemente de los vaivenes de la economía.
En toda Canarias (sumando las atenciones realizadas por Cáritas Diocesana de Tenerife) la entidad dedicada a la acción sociocaritativa de la Iglesia benefició a unas 40.000 personas.
Tal y como apuntó la Secretaria General, aunque los datos sobre la actuación de Cáritas no hayan experimentado un incremento significativo este último año «lo significativo es que los datos sobre pobreza y exclusión social en nuestra provincia no cambien».
La precariedad laboral generalizada está suponiendo un aumento de la desigualdad, principalmente por el retroceso de las rentas más bajas. Esta realidad supone un riesgo permanente de caer en la pobreza y seguir aumentando el número de trabajadores pobres.
Por otra parte, quienes no acceden a este derecho tampoco tienen garantizado el derecho a una seguridad social, así el 52,7% de las personas desempleadas en 2016 en Canarias no percibía ninguna prestación por desempleo. De las personas atendidas por Cáritas en Las Palmas, el 46,4% carecía de ingresos, lo que implica una grave situación de dependencia y vulnerabilidad.
Seis de cada diez personas atendidas tienen entre 40 y 59 años. Se encuentran en un tramo de edad en el que tienen mayores dificultades para volver a integrarse en el mercado laboral. Por lo general, son personas que llevan una larga temporada desempleadas y desde el área de Empleo se les acompaña en un itinerario para favorecer su formación y su inserción socio laboral.
Esta precarización generalizada afecta a otros derechos, como el derecho a la vivienda. Una de de cada cuatro no tiene asegurado este derecho, son familias que residen en viviendas cedidas temporalmente, que están acogidas en otras viviendas, ocupando viviendas, viviendo en servicios de alojamiento o en viviendas realquiladas.
Además, este año se han contabilizado a 1.329 personas en situación de sin hogar toda la Diócesis. Es una de las representaciones más extremas de la vulneración del derecho a la vivienda y, aunque esta cifra ha descendido ligeramente con respecto al año anterior (279 personas menos), siguen representando una realidad alarmante que es atendida desde el área de Personas en Situación de Sin Hogar, que trabaja por mejorar sus condiciones sociosanitarias y realiza un acompañamiento integral que aborda desde las necesidades más básicas hasta el desarrollo personal para el fomento de su inclusión social.
En este contexto, detectamos unas condiciones de pobreza y exclusión cronificadas que se heredan de generación en generación. Por tanto, nos preocupa que 1 de cada 2 personas atendidas tiene menores a cargo. Estos menores heredarán esta situación de pobreza y exclusión social y no podrán vivir mejor que sus padres si no se impulsan medidas sociales adecuadas. Aquellos que consiguen mayores niveles de educación tienen más oportunidades de acceso a una situación social integrada. En este sentido, la educación es un mecanismo de protección frente a la exclusión social. 8 de cada 10 de las personas atendidas no logra superar los estudios obligatorios, lo que refuerza la transmisión intergeneracional de la pobreza
Por otra parte, el aislamiento social es una de las dimensiones principales de la exclusión. Sigue en aumento la proporción de personas solas que se atienden; 1 de cada 3 personas atendidas vive sola. Desde los proyectos de Apoyo Familiar del área de Familia se trata de reforzar el acompañamiento a las personas mayores solas, generando vínculos comunitarios y aliviando la carga de las personas familiares cuidadoras.
Asimismo, el riesgo de pobreza y exclusión social aumenta entre la población extranjera comunitaria y extracomunitaria. De las personas que atendemos en Cáritas 1 de cada 4 es extranjera; son personas que cuentan con redes de apoyo más débiles y otros factores de exclusión asociados a su inestable situación administrativa. Desde el área Internacional se acompaña a estas personas facilitando su integración, y se promueve el desarrollo en los países de origen a través de proyectos de cooperación. En 2016 se apoyaron 9 proyectos de cooperación al desarrollo de otras Cáritas hermanas, beneficiando a 10.993 personas en comunidades de Mauritania, Senegal, Líbano, Ecuador, Haití, Siria y Oriente Medio.
En la rueda de prensa también se destacó la importancia del trabajo que realizan las 1.260 personas voluntarias de la entidad en la provincia de Las Palmas. El Obispo de la Diócesis de Canarias, destacó la importancia de «potenciar el sentimiento de comunidad frente a la sociedad individualista en la que vivimos».
Consulta el resumen de la Memoria Institucional 2016 aquí.
