Con motivo de la conmemoración del 1 de Octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, les invitamos a leer el Manifiesto presentado de manera conjunta por la Mesa Estatal por los Derechos de las personas mayores y varias organizaciones, entre las que se encuentra Cáritas Española, con el objetivo de reivindicar los Derechos Humanos de las mujeres y hombres mayores y exponer las líneas de acción necesarias para lograr una sociedad intergeneracional.
Desde el Área de Familia de Cáritas Diocesana Canarias con nuestros proyectos presentes en los Arciprestazgos de San Lorenzo, Telde-Valsequillo, Telde Sur, Arucas, Gáldar, Ciudad Alta y Rehoyas, 80 personas voluntarias acompañadas por el equipo técnico intentamos hacer más llevadera las distintas situaciones de soledad de las personas mayores vecinas de nuestras comunidades, que se encuentran en situación de soledad y/o dependencia y que cuentan con escasos recursos económicos. Además creamos espacios de encuentro intergeneracionales en las comunidades de referencia de los mayores, estableciendo redes de apoyo y construyendo trabajo en red con los diferentes recursos disponibles en las zonas.
Seguimos soñando con que nuestros mayores no se encuentren solos y sean parte activa en la construcción de este mundo. Su vivencias son esenciales para nuestro desarrollo.
Manifiesto por los derechos de las personas mayores
Con motivo de la conmemoración del 1 de Octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, la Mesa Estatal por los Derechos de las personas mayores y las organizaciones abajo firmantes que la componen, presentamos un manifiesto conjunto para reivindicar los Derechos Humanos de las personas mayores, mujeres y hombres mayores, y exponer las líneas de acción necesarias para lograr una sociedad intergeneracional, sumándonos a la iniciativa de las Naciones Unidas de “enfrentar la discriminación por edad”.
1. A escala mundial, cada segundo, dos personas cumplen 60 años. Anualmente casi 58 millones de personas llegan a esa edad. Hoy 1 de cada 9 personas tiene 60 o más años de edad, y las proyecciones indican que en el año 2050 habrá más personas que superan los 60 años que niños menores de menos de 15 años. El envejecimiento de la población es por tanto una gran conquista social, y un fenómeno que presenta retos a todas las sociedades, que no pueden ser ignorados.
2. En España las personas de 65 y más años representan casi el 20% de la población (más de 8 millones de personas) y en las próximas décadas, seguirán aumentando, llegando a alcanzar en 2060, unos 16 millones de personas, es decir un tercio de la sociedad española. El sector que experimenta un mayor crecimiento es el de las personas mayores de 80 años.
3. Esta nueva realidad requiere una actuación urgente de los poderes públicos y tener en cuenta en el diseño de las políticas públicas, las necesidades de quienes hoy son mayores y de quienes lo serán en el futuro,. El envejecimiento no es el un problema, pero sí puede llegar a serlo si no hay políticas adecuadas para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas a lo largo de toda la vida.
4. Animamos al Gobierno de España y a las Administraciones Autonómicas a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) a través de su Estrategia y el Plan de Acción mundial sobre el envejecimiento y la salud. Esto incluye la necesidad de los Estados de enfrentar la discriminación por edad para “alcanzar el fin último de mejorar las experiencias diarias de las personas mayores y optimizar las intervenciones políticas”, y también que los Gobiernos adopten un modelo de atención que sea integral y esté centrado en la persona, cuando las personas mayores precisan cuidados de larga duración por su situación de dependencia o necesitan apoyos para su autonomía.
5. Junto con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y de los Servicios Sociales, pedimos un PACTO POLÍTICO Y SOCIAL DE ESTADO para garantizar el Sistema Público de Pensiones y su sostenibilidad en el futuro, que permita mantener el poder adquisitivo de las personas a partir de los 65 años.
6. Proponemos trabajar conjuntamente para combatir la discriminación por edad, los prejuicios y las actitudes negativas sobre la edad avanzada, porque limitan el potencial de las personas mayores, impactan en su salud y bienestar y esconden sus importantes contribuciones a la vida social, económica, cultural y política. También insistimos en la necesidad de fomentar la participación activa de todas las personas sin límites de edad en las actividades de la vida política, social y cultural.
7. La discriminación por edad se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social y se expresa en actitudes individuales, institucionales y en las propias políticas, así como en la imagen estereotipada que se transmite a través de los medios de comunicación. Por otro lado, las personas mayores son diversas y esta pluralidad es una riqueza que ha de ser considerada y apreciada en todo su valor. Nos referimos a las mujeres mayores, las personas mayores con discapacidad, originaria o adquirida, las personas mayores residentes en zonas rurales, pertenecientes a minorías étnicas y a los mayores desplazados o integrados en familias migrantes, por citar solo algunos colectivos que se enfrentan a discriminaciones y exclusiones más severas, por lo que han de ser objeto preferente de las políticas públicas y recibir en clave de derechos los apoyos que precisen.
8. Dado que las organizaciones firmantes nos hemos comprometido con el fortalecimiento de los derechos de las personas mayores, damos la bienvenida a las recientes conclusiones del informe de la Experta Independiente de Naciones Unidas (A / HRC / 33/44), donde alerta que las personas mayores se enfrentan a varios retos en el disfrute de una amplia gama de sus derechos humanos y declara insuficiente la normativa vigente y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Acogemos con agrado el énfasis de la Experta Independiente sobre la necesidad de que los Estados miembros intensifiquen sus esfuerzos y actúen con urgencia para superar sus diferencias, ya que millones de personas mayores siguen siendo objeto de discriminación por la edad y se les niegan sus derechos humanos.
9. Apoyamos plenamente la recomendación de la Experta Independiente para cumplir con el mandato de la Asamblea General de la ONU, para elaborar un informe que incluya los contenidos de una nueva CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES.
10. Entendemos que en este proceso, las propias personas mayores deben ser parte de la discusión sobre la protección de sus derechos humanos y una nueva convención debe reflejar su experiencia vivida. Por lo tanto, hacemos un llamamiento al Gobierno de España para que tome medidas inmediatas después de esta sesión del Consejo de Derechos Humanos y se reúna con las personas mayores, la sociedad civil y el Defensor del Pueblo, con objeto de discutir las conclusiones del informe de la Experta Independiente y evaluar lo que su contenido significa tanto para la garantía del ejercicio de derechos de las personas mayores, como para la elaboración de una nueva CONVENCIÓN.
11. Por último, hacemos un llamamiento al Gobierno de España para que impulse y apoye una resolución en la Asamblea General de la ONU que apueste por la creación de una nueva Convención sobre los derechos de las personas mayores y para que participe también de manera constructiva en la 7ª sesión del Grupo de Trabajo prevista para diciembre de 2016, apoyando la adopción de una agenda que permita la discusión entre los Estados miembros sobre el contenido de una nueva convención, previa consulta con las personas mayores y la inclusión de una representación de las mismas en sus delegaciones.
12. Las personas adultas mayores no siempre son conscientes de cómo los estereotipos socialmente arraigados repercuten en sus vidas. El 1 de Octubre, activistas del mundo entero aspiramos a promover un cambio para que estos prejuicios sean desterrados y, a tal fin, organizaremos manifestaciones y eventos cívicos y culturales. También nos reuniremos con las autoridades responsables de la toma de decisiones para concienciarles sobre las diferentes formas de vulneración de los derechos y discriminación persistente hacia las personas mayores y para exigirles medidas que tiendan a su solución.
Última actualización: 1 de diciembre de 2020