El 21 de marzo de cada año es la fecha elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día recuerda la matanza en 1960 en Sudáfrica de 69 personas que se manifestaban en contra de las leyes del apartheid a manos de la policía, y nos invita al compromiso colectivo de lucha contra la intolerancia racista y la violencia.
En nuestro país y en toda Europa, durante los últimos años se han multiplicado los actos de discriminación y agresión contra las personas migrantes y refugiadas. Los últimos acontecimientos ocurridos en Europa muestran un serio retroceso en materia de derechos humanos.
Desde el Área Internacional de Cáritas Diocesana de Canarias denunciamos y rechazamos el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía que permitirá devolver a territorio turco a todos los refugiados que en los últimos meses han llegado a Europa desde las costas del Egeo. El acuerdo adoptado con Turquía viola los convenios internacionales y europeos ratificados por los Estados miembros que prohíben expresamente la devolución de personas que son objeto de persecución o víctimas de guerra.
Las decisiones adoptadas demuestran la realidad de unas políticas migratorias que olvidan la dignidad y los derechos humanos tanto en los ámbitos nacionales y europeos como en países de tránsito.
Por todo esto, desde el Área Internacional de Cáritas, invitamos a las personas, comunidades, ciudadanía en general a reflexionar sobre las actitudes y comportamientos de rechazo y discriminación que observan en su entorno, a poner en valor la riqueza de la interculturalidad y el encuentro para la convivencia en nuestras ciudades y barrios y, a denunciar las políticas y discursos que vayan en contra de la defensa de los derechos de refugiados y migrantes y a avanzar en el cultivo de la cultura de la acogida e integración de nuestros hermanos desde una mirada inclusiva, fraterna y misericordiosa.
E instamos:
– A la UE a poner en marcha mecanismos que garanticen un paso seguro para los refugiados y las víctimas de las migraciones forzadas.
– Al gobierno de España a respetar los derechos humanos de todas las personas migrantes que llegan a nuestras islas, mediante la disposición de medios suficientes y estables para una atención eficaz y eficiente.
– Garantizar el derecho a la salud de aquellas personas que más lo necesitan e impulsar políticas que apuesten por la integración garantizando el acceso a todos los derechos sin discriminación y la convivencia ciudadana.
Última actualización: 1 de diciembre de 2020
