Desde que en 2012 el gobierno estatal acometiera la reforma sanitaria vulnerando el derecho universal a la salud en nuestro país, Cáritas se posiciona contraria denunciando la vulneración de un derecho humano fundamental y solicitando la vuelta a la universalidad. La reforma afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios (modificando los requisitos para obtener autorización de residencia), aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social (como jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales), así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación administrativa irregular.
Cáritas defiende la dignidad de las personas y sus derechos por encima de cualquier condicionante socioeconómico. Se niega el derecho a la salud a personas que conviven y construyen nuestra sociedad, ofreciendo un mensaje en el que las personas migrantes aparecen como responsables de la falta de eficiencia y sostenibilidad del sistema nacional de salud, lejos de favorecer la construcción de una sociedad de acogida, integrada y diversa, en lugar de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo comprobamos a diario en nuestros servicios de acogida y atención.
Durante estos 3 años han sido constantes las solicitudes de asesoramiento, información y acompañamiento de personas que han visto vulnerado en algún modo su derecho humano a la salud: -Por desconocimiento de las garantías mínimas en la nueva legislación: irregularidades en la atención medica de urgencias, o exclusión a mujeres embarazadas o menores, aun estando amparadas por el RDL. -Por desinformación desde los servicios públicos de salud y prácticas disuasorias; como el cobro de servicios de urgencias, facturas por tratamiento en enfermedades graves, y otros. -O por no disponer de recursos económicos suficientes para afrontar los gastos farmacéuticos al tener que pagar el 100% de su coste.
Advertimos cómo estas medidas normativas sientan las bases para una dualización del sistema sanitario, con un sistema estatal paralelo de beneficencia para los colectivos más vulnerables, al ofrecerse una cobertura distinta según sea el grupo de población al que se pertenece, con el que Cáritas ha manifestado en numerosas ocasiones no estar de acuerdo.
Desde nuestro compromiso firme con los hermanos y hermanas más débiles de nuestra sociedad y desde nuestra vocación profética como Cáritas, vemos imprescindible que se introduzcan los cambios oportunos en la normativa que garanticen el derecho a la salud de todas las personas, especialmente de aquellos que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, restaurando la universalidad a un derecho humano fundamental, como lo es el derecho a la salud.
Última actualización: 3 de septiembre de 2015