Las Cáritas en Canarias, ante las próximas citas electorales, harán llegar a los partidos políticos un documento que bajo el título: Hacia la construcción de un nuevo modelo social en Canarias, recoge lo que consideran los cuatro ejes indispensables para activar las “reformas estructurales que generen justicia social, fomenten la participación en los asuntos comunes, alienten la asunción ciudadana de responsabilidades sociales, hagan más transparente el ejercicio del poder, fortalezcan la democracia representativa, distribuyan la riqueza, protejan el derecho al trabajo como bien necesario para la conservación de la vida personal y familiar, busquen la integración social y generen una sociedad cohesionada”.
El documento recoge una serie de propuestas de actuación pública en materia de política social con la intención de que contribuyan a superar las estructuras de desigualdad, vulnerabilidad, pobreza y exclusión social dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Bajo el epígrafe: “El desarrollo social y de las personas no es el crecimiento económico”, el escrito señala en su primer “eje” que “las profundas realidades que viven las familias en Canarias, no son consecuencia de la coyuntura económica sino, fundamentalmente, del modelo socio-económico que se ha consolidado y que exalta los beneficios económicos a costa, incluso, de la dignidad de todas las personas”.
En dicho eje se establecen siete puntos, entre los que destaca que “la acción política ha de contribuir al desarrollo desde políticas universales de sanidad, vivienda, educación, empleo, redistribución de la riqueza, garantías de ingresos (pensiones, rentas mínimas…)”, o la necesidad de “articular un pacto social con la colaboración y coordinación real entre las administraciones públicas para abordar, con los recursos económicos necesarios, las propuestas políticas que ayuden a erradicar las situaciones de empobrecimiento y exclusión”.
Asimismo, se señala la importancia de “desvincular la libertad del sector empresarial de la modelación de las políticas públicas de empleo”, para lo que proponen promover “un nuevo modelo de emprendimiento colectivo y solidario que impulse las iniciativas económicas y empresariales que generen mayor valor social y medioambiental”, o la necesidad de “construir una sociedad donde todas las personas tengan garantizado el acceso a los derechos de manera universal, y no sólo quienes puedan pagarlos”.
El segundo eje está destinado a propuestas destinadas a afrontar las consecuencias estructurales de la pobreza, afirmando que “es urgente atajar el crecimiento de la desigualdad adoptando medidas eficaces sobre la protección social y la mejora de la eficiencia de los Servicios Sociales Públicos”. En este punto se recogen cuestiones como: “Desarrollar una protección social basada en la eficacia de los Servicios Sociales Públicos que facilite la promoción y el empoderamiento de las personas”, o “dotar de recursos económicos y técnicos suficientes para el cumplimiento de la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y equipararla con las rentas Mínimas o Básicas en todo el Estado Español”.
El tercer eje recoge las propuestas para el “establecimiento de una política fiscal adecuada”, mientras que el último grupo de propuestas se establecen bajo el epígrafe: “Una sociedad que apuesta firmemente por el bien común”.
Así, mientras el tercer eje se justifica en la necesidad de que se “fomente” que la aportación ciudadana se gestione “en función de sus ingresos y su patrimonio”, el último de sus ejes se plantea desde la necesidad de “impulsar un mayor papel de la sociedad civil para el fortalecimiento de lo público, configurándose como constructores del bien común desde los principios de solidaridad y subsidiariedad”.
En este último capítulo se destaca la necesidad de: “promover la regeneración institucional y social donde contribuyamos a asumir los riesgos colectivamente, con la responsabilidad de todos los agentes y movimientos sociales”, así como la de “garantizar condiciones dignas y seguras a las personas desplazadas y refugiadas mediante la implementación de marcos legales e institucionales que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos”, entre otros puntos.
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