Las organizaciones Acciónenred-Canarias, Amnistía Internacional, Cáritas, CEAR, Coordinadora Canaria por la Sanidad y la Salud Pública, Plataforma Yo Sí atiendo y Médicos del Mundo, han hecho público un comunicado en el que se denuncia la ruptura de la asistencia sanitaria universal y exigen la vuelta al principio de la Sanidad como un derecho humano universal e inalienable a la persona. Asimismo, demandan de los poderes públicos que promuevan un modelo de atención sanitario que responda a las necesidades de las personas que residen en Canarias.
“Dos años después de la entrada en vigor de los decretos ley que rompieron con el modelo sanitario universal, equitativo y cohesionado, al que todas las personas tenían derecho en España”, afirma el comunicado, “las asociaciones firmantes reclamamos la vuelta al principio de universalidad de la Sanidad como derecho humano universal e inalienable, por lo que exigimos la derogación inmediata de las medidas que han contribuido al deterioro y ruptura de la asistencia sanitaria universal”.
El documento explica que consideran que es “responsabilidad de los poderes públicos promover un modelo de atención sanitario que responda de manera integral y universal a las necesidades de las personas que residen en las Canarias”.
En el escrito, las ONG explican que “tras la entrada en vigor de los Reales Decretos 16/2012 y 1192/2012, ya son más de 45.000 personas residentes en Canarias las que han dejado de ser atendidas de forma normalizada».
Denuncian que «tras dos años de diálogos y negociaciones, se sigue sin dar solución a la merma del disfrute del derecho humano a la salud que supone que haya personas que no puedan costear el precio de los medicamentos sin que la Administración dé alternativas”. En este sentido se explica que «esto pone en entredicho la premisa y el discurso político sobre acciones de prevención de la salud».
Las organizaciones firmantes aseveran que la imposición o instauración «de un precio a una sanidad anteriormente universal y gratuita» a través de la Orden 15 de abril de 2014, «ha favorecido la brecha de desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios entre quienes pueden repagarlos y quienes no cuentan con recursos económicos suficientes”.
“Hemos denunciando y manifestado», dice el documento, «que no se han puesto medidas que supongan una mejora en las condiciones de acceso y garantía por parte del Gobierno de Canarias”.
En este sentido señalan que «las organizaciones firmantes hemos propuesto medidas de mejora desde la realidad de nuestras organizaciones, pero no han sido ni implementadas ni escuchadas desde el ámbito político. Hoy», sentencian, «dos años después nos reafirmamos en que las situaciones se han agravado aún más».
El documento, presentado esta mañana a los medios de comunicación, explica que «ciertas medidas, como la exigencia de compromiso de pago en los servicios de Urgencia de algunos centros de salud, puede estar teniendo efectos disuasorios. Medidas que son denunciadas sin ninguna consecuencia, tanto por las personas usuarias en los propios centros de salud, como por aquellos profesionales adscritos al mismo”.
El escrito recuerda también que “el Servicio Canario de Salud estableció la Orden de 16 de agosto de 2013 como medida especial en materia de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria”, dirigida especialmente a personas extranjeras no autorizadas ni registradas como residentes en territorio español que carecen de recursos económicos suficientes. “Esta norma sigue sin cumplir su objetivo principal”.
Por último, denuncian que “el Gobierno de Canarias ha afirmado que estuvo, está y estará en contra de la reforma sanitaria, y que bajo estas afirmaciones de la titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias”, y las organizaciones sociales habían vislumbrado “una tendencia del Ejecutivo a la universalización sanitaria”, pero que “sin embargo, se continúan adoptando medidas y aplicando criterios restrictivos y excluyentes”.
