Cuando se cumplen dos años desde la entrada en vigor de los reales decretos ley 16/2012 y 1192/2012, por la vía de urgencia y sin discusión parlamentaria, que modifican las condiciones de acceso y garantías para el acceso a la salud, con una reforma sanitaria que vulnera la universalidad y gratuidad de nuestra sanidad, y quebranta la equidad y cohesión de la que gozaba; la situación cada vez es más grave para el conjunto de la sociedad española y, en especial para los grupos de personas más vulnerables, en exclusión social o riesgo de padecerla, entre ellas las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
Se limita el acceso a servicios básicos y de urgencias, se establecen medidas disuasorias de prepagos y facturaciones por servicios, se imponen re-copagos farmacéuticos y de servicios secundarios, se favorece la privatización, se aumenta la brecha de desigualdad social en el acceso a los servicios, se genera disparidad de criterios en las prestaciones sanitarias, desconocimiento y desinformación, confusión y rumorología que sólo acrecienta el malestar social y deteriora la convivencia armoniosa y pacífica.
Desde personas que han dejado de ser atendidas de forma normalizada, que han dejado de tener seguimiento y control médico en su enfermedad, que han decidió abandonar medicación por no poder costearla, que temen acudir a un servicio básico o de urgencia por miedo a encontrarse una factura económica, todos estamos perdiendo en salud.
Seguimos pidiendo a los poderes públicos la derogación inmediata de los reales decretos, y la vuelta a las garantías y universalidad del derecho humano a la salud, como derecho básico e inalienable de las personas.
