El pasado mes de julio, una sentencia del Tribunal Constitucional legitimaba el Real Decreto Ley 16/2012 de la Reforma Sanitaria (en adelante, RDL), que desde su entrada en vigor, ha dejado a más de 748.000 personas sin tarjeta sanitaria y excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno de España.
Dicha sentencia considera adecuado limitar el derecho universal de la sanidad por una situación de crisis económica, a pesar de que la Constitución Española obliga a interpretar los derechos que se recogen en la misma conforme a los tratados internacionales y según el derecho internacional, que dice que cualquier medida regresiva debe ser temporal, proporcional y no discriminatoria.
Hoy se cumplen cuatro años desde que en 2012 el Gobierno de España aprobara el RDL, vulnerando el derecho universal a la salud en nuestro país. La reforma afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas y en situación de extrema vulnerabilidad, tanto a ciudadanos españoles y comunitarios como a personas inmigrantes extracomunitarias que no tengan autorización de residencia en España, salvo algunas excepciones (urgencias, embarazo, parto y posparto, menores de edad, personas solicitantes de protección internacional y víctimas de trata).
Desde el Área Internacional de Cáritas Diocesana de Canarias denunciamos y rechazamos una reforma sanitaria que lejos de favorecer la construcción de una sociedad de acogida, igualitaria, integrada y diversa, debilita a una gran parte de la sociedad y contribuye a aumentar la estigmatización sobre los colectivos que sufren mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de exclusión social.
En Cáritas Diocesana de Canarias, defendemos y luchamos por la dignidad de las personas y sus derechos, manteniendo firme nuestro compromiso con los hermanos y hermanas más débiles, por conseguir la vuelta al derecho universal a la salud.
E instamos:
Al Gobierno que cumpla con las recomendaciones de mecanismos de protección de Naciones Unidas y Consejo de Europa, modifique el RDL y garantice el derecho a la salud de las personas sin ningún tipo discriminación.
En Las Palmas de GC, a 1 de septiembre de 2016.
