«Ante la afirmación realizada la semana que hoy acaba en el Parlamento de Canarias por la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, según la que hasta la fecha «ni un solo paciente ha quedado sin ser atendido», la Coalición por el derecho a la Salud en Canarias, integrada por las organizaciones Médicos del Mundo, Plataforma Yo Sí atiendo, CEAR, Cáritas Canarias, Amnistía Internacional y Acción en red-Canarias, denuncia ante los medios de comunicación que esta afirmación es falsa, y que cada día las organizaciones son testigos de casos de personas a las que se niega el acceso al Derecho a la Salud en nuestra Comunidad Autónoma.
La realidad desmiente a la consejera
A pesar de las continuas declaraciones de la consejera de Sanidad insistiendo en que nadie se queda sin atención sanitaria en Canarias, siguen produciéndose denegaciones de asistencia a menores de edad y a mujeres embarazadas -cuando ésta es obligatoria-, facturaciones de la asistencia en Urgencias, casos de personas con enfermedades crónicas sin seguimiento, falta de acceso a los tratamientos y medicinas necesarias para luchar contra enfermedades graves, e imposibilidad de detectar situaciones como la violencia de género al haberse quedado miles de personas sin acceso a la atención primaria, donde se identifican la mayoría de estas situaciones.
Una regresión que nos afecta a todas las personas
No solo las personas migrantes en situación administrativa irregular, personas que, recordemos, contribuyen a la financiación de la sanidad como el resto de la ciudadanía, también el resto de la población está sufriendo las consecuencias de este injusto cambio de modelo, puesto que han de hacer frente a copagos en los medicamentos. La Situación de precariedad económica de muchas familias en Canarias hace que los copagos supongan una barrera infranqueable para el acceso a los fármacos, que les impide en ocasiones completar sus tratamientos.
La Tarjeta Sanitaria Especial canaria, vuelta a la ineficiencia y parche para menos de 200 personas
La Tarjeta Sanitaria Especial, es un parche consecuencia de la pérdida del derecho a la salud Universal tras la entrada en vigor de los reales decretos sanitarios en el año 2012. Esta medida afectó en Canarias a más de 48.000 personas a las que la Consejería de Sanidad retiró su tarjeta sanitaria y con ello el acceso a una atención normalizada, y de las que, dos años después, menos de 200 han logrado obtener esta tarjeta sanitaria especial. Además esta tarjeta no asegura el acceso a medicamentos, ya que las personas que la obtienen, cumpliendo el requisito de ser personas con escasos recursos, tienen que pagar el 100% de los fármacos, lo que en gran cantidad de casos imposibilita el acceso al tratamiento, cuestión indisoluble en el cumplimiento del Derecho a la Salud de estas personas. La Coalición considera inaceptable y poco riguroso que la consejera haya culpabilizando a las personas excluidas del derecho a la salud, de una situación provocada por el propio Gobierno de Canarias.
Tras 24 meses de vulneración de derechos humanos y discriminación para muchas personas, aún no se han tomado las medidas necesarias para garantizar el derecho humano a la salud, ni se ha atendido nuestra principal demanda: la vuelta al principio de universalidad de la Sanidad, como derecho humano universal e inalienable y la derogación inmediata de las medidas que han contribuido al deterioro y ruptura de la asistencia sanitaria universal.
Casos de Vulneración del Derecho a la Salud en Canarias
Antonia tiene 83 años. Presenta antecedentes de cáncer de útero con diversas complicaciones, padece cardiopatía y es portadora de colostomía. Actualmente se encuentra sin posibilidad de cobertura sanitaria y sin posibilidad de hacer frente a los gastos de la vida diaria y a los gastos en términos de cuidados en salud que precisa, que superan los 120 euros mensuales. La exclusión sanitaria a la que se expone esta mujer de 83 años es insostenible en términos de salud.
Lucía tiene 27 años y padece epilepsia desde los 12. Lleva 12 años residiendo en Canarias. A raíz de la entrada en vigor del RDL 16/2012, en su Centro de Salud se le niega asistencia en varias ocasiones, teniendo que firmar varios compromisos de pago por la atención en el Servicio de Urgencias tras repetidas crisis de epilepsia. Desde Diciembre del 2012, y tras diversos intentos fallidos de tramitación de la tarjeta sanitaria especial para personas con escasos recursos, es en el mes de Marzo del año 2014, cuando por fin se logra la obtención de dicha tarjeta. Sin embargo sigue sin poder acceder a la medicación que precisa, que mensualmente supera los 100 €, medicación que es imprescindible para evitar las crisis de epilepsia, así como para prevenir las consecuencias de los mismos y la progresión del deterioro de su estado de salud.
Martín y Sabrina, Matrimonio de 80 y 76 años respectivamente. Obtienen permiso de residencia por cuatro años en diciembre de 2013. Martín padece enfermedad crónica pulmonar y, al no tener alternativas, se han visto obligados a solicitar el convenio «especial» canario, por el que deben pagar 314 euros mensuales, además del precio de las medicinas, que ronda los 80-150 euros mensuales. Reciben entre los dos una pensión de su país de 384 euros al mes. Y deben hacer frente además al resto de gastos de su vida diaria. NO salen las cuentas.
María y Gisela tienen 5 y 7 años. Tienen enfermedades respiratorias: asma y rinitis alérgica. Sus padres llevan 8 años viviendo en Canarias pero a raíz de la entrada en vigor del RDL 16/2012 se les retira la tarjeta sanitaria y también la de las niñas. Desde hace un tiempo, toda la familia consiguió la tarjeta sanitaria especial para personas con escasos recursos. Sin embargo, las constantes recaídas de las enfermedades de las niñas hacen imposible afrontar el gasto farmacéutico de los tratamientos prescritos. Esto hace que nunca lleguen a recuperarse por completo con el consecuente absentismo escolar y continua preocupación de los padres».
Comunicado del la Coalición por el derecho a la Salud en Canarias.
Última actualización: 15 de febrero de 2015