“Me desperté un día”, cuenta Graciela, “no hace demasiado tiempo. Sentí que mi cuerpo no respondía. Al principio pensé que era una parálisis facial, pero enseguida me di cuenta de que no sólo era la cara, tampoco las manos y los pies respondían. No puedo ponerme mala, fue lo único que pude pensar. A partir de ahí sólo pude llorar y rezar, llorar y rezar. No podía estar enferma. No tengo derecho a enfermar. Y así estuve hasta que se me pasó. ¿Qué pasó? No sé. Como persona tengo derecho a la salud, pero como inmigrante, no. Es lo que hay”.
Graciela aún no ha cumplido los 40 años. Lleva en Gran Canaria desde 2005 y tiene tres hijas nacidas en Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de su formación –estudios superiores de Marketing e informática, además de idiomas- ha estado limpiando pisos, cristales y coches para alcanzar una vida que le resultaba imposible en su país. “Cuando vine sabía que no iba a ser fácil, pero nunca creí que llegaran a tratarnos así”.
Ha vivido situaciones difíciles y no han faltado miserables que se han aprovechado de su realidad de pobreza. Nueve euros por cinco horas de trabajo limpiando una casa no tiene calificativo.
Aún así, a los ojos de Graciela sólo se asoman las lágrimas cuando habla de los sueños de sus hijas, del futuro que se vislumbra entre la selva legislativa creada para evitar que las personas con más dificultades accedan al mundo de los derechos y los deberes.
Lashen llegó a Canarias buscando una vida nueva el pasado siglo. Su situación irregular le impidió tener trabajos en condiciones legales. Durante años trató de sobrevivir con la esperanza de alcanzar tiempos mejores. Su situación se complicó en el año 2007 cuando se le diagnosticó un problema grave de riñón, y se tornó irreversible el pasado año cuando la leucemia puso en marcha una cuenta atrás que el dolor y la desesperanza le cuentan por segundos. Hoy puede visitar a un médico pero el tratamiento para ambas enfermedades debe costeárselo él.
Miles y miles de casos
Como estos dos casos existen miles en Canarias y cientos de miles en el territorio estatal. Es la consecuencia de la puesta en marcha del Real Decreto Ley 16/2012, que implicaba la retirada de las tarjetas sanitarias a las personas en situación de vulnerabilidad, e introducía medidas como el copago de los medicamentos o los periodos mínimos de cotización para poder acceder al Derecho Universal a la Salud, y de la que el 1 de septiembre de 2013 celebramos su primer aniversario.
El dramatismo y la agonía con la que viven las personas afectadas les marca la vida. Mujeres embarazadas, como Claudia, que vino de Rumanía a España a vivir con su pareja, un canario, hoy en paro después de 15 años trabajando en el sector del metal. Con nueve meses de embarazo pasó los cuatro primeros sin que un o una especialista le atendiera. “Primero nos decían que por ser inmigrante no tenía derecho, después, que en el supuesto de embarazo sí podía ser atendida pero que tenía que pagar la factura de las visitas… Hoy, el hijo que voy a tener y yo estamos siendo atendidos porque igual que hay gente sin corazón, hay personas que sí lo tienen y nos han tendido una mano, a veces rozando la ilegalidad y, otras veces, siendo conscientes de que lo que hacen no es lo que dice la ley, pero sí lo que dice la conciencia”.
Un año después, la situación de injusticia y la indefensión de las personas más desprotegidas se agrava, y llega a sacar a la luz situaciones que de lamentables parecen cómicas. Es el caso de Andala, un sharaui que trabajó en la hostelería hasta el año 2009, cuando se convirtió en una víctima más de la crisis económica.
Tras varios años de cotización, su situación de paro le impidió renovar los papeles para seguir en Canarias, y esto le provocó la retirada de la Tarjeta Sanitaria tras la entrada en vigor de la nueva ley. Hoy, en la Canarias del siglo XXI, recibe los fármacos que necesita desde los campos de refugiados saharauis.
Un año después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, el balance es preocupante. Argumentando una disminución del gasto público en atención sanitaria –sólo en atención, ya que el gasto aumenta en nombramientos de nuevos cargos, acuerdos con grandes empresas farmacéuticas, etcétera-, se pone en peligro a toda la población y se facilita la propagación de enfermedades infecto-contagiosas, ya que si los portadores son personas excluidas del servicio público de atención sanitaria, no son tratados; se incrementa el riesgo de muerte y el coste de los tratamientos, ya que a una parte de la población se le niega la medicina preventiva, un aspecto fundamental en las políticas mundiales sobre la salud; y, por último, se incumple de forma sangrante el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer párrafo dice: ““Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, declaración que España firmó en 1955 a su entrada en Naciones Unidas, y que ratificó en 1977.
COMUNICADO DE LA PLATAFORMA FORMADA POR LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE TRABAJAN POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS:
