El objeto de este informe es presentar el estudio que desde la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN) se ha realizado sobre el desarrollo y la gestión de la Prestación Canaria de Inserción, en adelante PCI.
Dicha prestación pretende conseguir la inserción social, económica y laboral de las personas con mayores dificultades de integración y que se encuentran en una situación de mayor desigualdad social respecto a otras personas, para acceder a unos niveles aceptables de vida y el pleno ejercicio de los derechos, considerados fundamentales e inalienables.
Para ello dicha prestación está compuesta por una ayuda económica temporal destinada a dar cobertura a las necesidades básicas de la vida diaria y su percepción está condicionada a la realización de un Plan de Actividades de Inserción (PAI) por todas aquellas personas que integran la unidad de convivencia de la persona solicitante.
En el informe del Diputado del Común realizado en el 2010, se recogen las siguientes conclusiones relacionadas con la Prestación Canaria de Inserción:
- “Las quejas recibidas nos indican un aumento considerable de solicitudes retrasadas de concesión de la Prestación Canaria de Inserción, así como de solicitudes retrasadas de renovación de las ya concedidas.
- El aumento de este tipo de prestaciones no ha llevado aparejado un aumento proporcional de los recursos disponibles ni del personal suficiente para atender la demanda. Ello ha puesto en evidencia la efectividad de estos programas de integración, que dependen de una buena evaluación de la exclusión social de la unidad de convivencia, de unos planes de inclusión que busquen, en directo, no una contraprestación sino la integración social, de unos recursos metodológicos y personales a la altura del reto y de una estructura de recursos suficientes y debidamente coordinados que eviten el retraso en la tramitación de expedientes.”
La realidad no refleja toda la teoría y letra de la Ley, y principios tales como los de colaboración, coordinación, eficiencia, etc., que se desprenden de la exposición de motivos de la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción, se ven puestos en entredicho.Es por ello que, tras 5 años de su puesta en marcha, y en el contexto social que vivimos, desde esta Red queremos saber si la Ley de la Prestación Canaria de Inserción –PCI- está posibilitando de una forma eficaz la inserción social, económica y laboral de las personas con mayores dificultades de integración y que se encuentran en una situación de mayor desigualdad social.
Así, este informe ha sido concebido con el objetivo de que las personas solicitantes y/o perceptoras de PCI de la isla de Gran Canaria, sean las principales protagonistas y cuenten como se ven afectadas por las carencias existentes en el desarrollo de la ley y por los incumplimientos en la misma. También se ha recogido las opiniones y experiencia profesional de los/as trabajadores/as sociales que tramitan la prestación en diferentes municipios de Gran Canaria y de Tenerife, y que están en contacto con las personas afectadas.
Por esta razón, es necesario conocer como está funcionando esta prestación: plazos y calidad en la gestión y tramitación, si la cuantía es suficiente para cubrir sus necesidades básicas y si las actividades de inserción son las adecuadas y necesarias.Además, nos proponemos dar a conocer la realidad social desde las condiciones y dificultades vitales de estas personas. Asimismo, hacer visible su situación social y económica, como resultado del ineficaz tratamiento y gestión de las administraciones públicas
.Finalmente, queremos cerrar este informe, presentando una serie de propuestas, entre ellas una alternativa que contemple el derecho de todas las personas a recibir una cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
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