En la última ponencia de las Jornadas Institucionales de este año, Elena Cáceres nos mostró el Enfoque de Derechos, una herramienta fundamental que nos servirá para el desarrollo de la primera línea del I Plan Estratégico de Cáritas Diocesana de Canarias: Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. A través de un acercamiento al desarrollo y origen de los éstos, Elena Cáceres nos condujo a su estado actual, en el que la práctica no ha alcanzado la plenitud de su alcance. Nos mostró las características y principios de los Derechos Humanos, los elementos para medir su cumplimiento y los actores en relación con los mismos.
Nuestro papel como Cáritas es el de titular de responsabilidad, por tanto, tenemos la responsabilidad de asumir aquello a lo que nos hemos comprometido como institución, así como, la responsabilidad de exigir a los titulares de obligaciones (principalmente el Estado) el cumplimiento de los Derechos Humanos. Teniendo claro que un principio fundamental de los mismos es que son ampliables pero no pueden ser restringidos, son un marco mínimo a partir del cual avanzar, por tanto, es nuestra responsabilidad también que no se vulneren ni precaricen.
El Enfoque de Derechos nos posiciona ante las personas de otra manera, es decir, no tratamos de identificar cuáles son sus necesidades sino qué derechos se les están vulnerando y qué papel podemos desempeñar nosotros como titulares de responsabilidad.
La ponencia supuso un punto de partida a través del cual profundizar en el enfoque de derechos y acercarnos a nuestro objetivo estratégico de promover la garantía de los derechos humanos de las personas y colectivos más vulnerables favoreciendo mecanismos de protección y defensa.
Además, tuvimos la oportunidad de hacerle unas preguntas a Elena Cáceres sobre este tema.
P.: ¿En qué consiste el enfoque de derechos?
E.C.: El Enfoque basado en los Derechos Humanos (EBDH) es una filosofía y una metodología impulsada por la Organización de las Naciones Unidas que pretende mejorar el desarrollo de las personas y los pueblos de una manera más equitativa y sostenible de lo que se ha hecho hasta ahora. Busca la aplicación efectiva de los instrumentos de protección y promoción de los Derechos Humanos, consensuados y aprobados a nivel internacional, que sitúan en los Estados la principal responsabilidad de garantizar y facilitar el acceso a los derechos para todas las personas. Se basa en los principios de participación, inclusión y no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, responsabilidad del estado, igualdad de género e interculturalidad.
El objetivo es fortalecer las capacidades de los diferentes actores que interviene en el ejercicio de los derechos para que puedan asumir sus obligaciones y responsabilidades así como ejercer sus derechos.
P.: ¿Qué valor añade este enfoque a la hora de comprender la realidad en la que vivimos?
E.C.: El propósito del EBDH es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro del desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y de injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso de un país o de determinados grupos en una sociedad concreta. Es un planteamiento holístico que tiene en cuenta la familia, la comunidad, la sociedad civil, y las autoridades locales o estatales y plantea respuestas integrales. Nos permite mirar la realidad analizando los diferentes niveles de responsabilidad y obligación así como a analizar en cada situación las causas que han originado o que sostienen esa realidad para actuar sobre ellas.
P.: ¿Cuáles serían las principales diferencias entre el enfoque de necesidades y el enfoque de derechos?
E.C.: Este enfoque ha demostrado mejores resultados y más sostenibles en materia de desarrollo humano. El EBDH se plantea como meta el pleno ejercicio de los derechos humanos y centra la atención en el desarrollo de las capacidades de las personas (especialmente de las más vulnerables) para que puedan hacer efectivos sus derechos y participar activamente en la transformación de la sociedad. Desde este enfoque, el punto de partida de las políticas públicas no deben ser “personas con necesidades que deben ser asistidas” sino “sujetos con derechos” que pueden y deben demandar de otros, determinadas prestaciones y conductas. Los principios que rigen el EBDH implican una forma diferente de trabajar definiendo obligaciones y responsabilidades que incluyen a los Estados, mientras que el enfoque de necesidades se centra especialmente en la responsabilidad de la persona.
P.: ¿Qué relación existe entre la vulneración de los derechos y la pobreza o la exclusión social?
E.C.: Los Derechos Humanos son las garantías jurídicas universales que protegen a las personas contra las acciones u omisiones que interfieren con las libertades y derechos fundamentales tales como tener la posibilidad de atender las necesidades físicas, evitar enfermedades prevenibles, vivir en un entorno sin violencia, integración social, etc. Las desigualdades e imposibilidades en el acceso y/o disfrute de los derechos humanos, se constituyen en elementos fundamentales de la persistencia y extensión de la pobreza
Las violaciones de Derechos Humanos son a la vez causa y consecuencia de la pobreza. Cuando menos cumplan los Estados con sus obligaciones más aumentará la pobreza y las personas en esta situación tendrán menos posibilidades de reclamar y hacer efectivos sus derechos lo que facilita la dejación por parte de los Estados.
P.: De acuerdo a esta perspectiva, ¿cuál sería el papel que nosotr@s, como ciudadan@s, tenemos a la hora de exigir el cumplimiento de nuestros derechos? ¿Y las instituciones públicas, qué papel tienen?
E.C.: El EBDH define claramente el papel de las instituciones públicas como Titulares de Obligación que deben hacer todo lo posible por garantizar, proteger y respetar los Derechos a los que se han comprometido al firmar y ratificar instrumentos de protección de los Derechos Humanos a nivel internacional. Esto supone funcionar de acuerdo a los principios de los Derechos Humanos, adoptar medidas, estrategias y programas dirigidos a la realización de los derechos, una distribución de presupuestos razonable que dedique los recursos suficientes priorizando sobre otros gastos y vigilar el progreso de realización de los derechos estableciendo mecanismos de reparación accesibles en caso de que se haya infringido algún derecho.
Las personas como ciudadanía somos Titulares de Derecho y tenemos que hacer todo lo posible por hacerlos efectivos. Esto supone entre otras cosas estar informadas, organizarnos, abogar por el cambio de políticas, solicitar reparaciones en caso de vulneración, participar y/o demandar oportunidades de participación y exigir rendición de cuentas a las instituciones públicas.
P.: En este sentido, ¿cuál sería la responsabilidad de las organizaciones del Tercer Sector según este enfoque?
E.C.: Las organizaciones del Tercer Sector son Titulares de Responsabilidad, aunque no los únicos, y dependiendo de su actividad tendrán unas responsabilidades u otras. En general, las organizaciones del tercer sector juegan un papel esencial tanto en el fortalecimiento de las capacidades de las personas o grupos que tienen mayor dificultad para hacer efectivos sus derechos como en la incidencia hacia los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones. Las organizaciones del Tercer Sector más que reforzar la prestación de servicios más tradicionales tendrían que incrementar sus actividades de concienciación, las labores de promoción, la potenciación y la capacidad de acción, la ampliación del trabajo en red y la generación de nuevas alianzas para enfrentar estos retos
P.: Tras la crisis, se han llevado a cabo medidas políticas que han incidido en la precarización de nuestros derechos. ¿Cómo valoraría la situación actual de Canarias y España en esta materia?
E.C.: Cuando se prioriza el crecimiento económico a costa de reducir o limitar derechos fundamentales, como ha pasado en España en los últimos años, es inevitable que aumente la desigualdad y la exclusión social. Afortunadamente han surgido muchas iniciativas desde la ciudadanía que contribuyen a incrementar el conocimiento y la conciencia ciudadana en materia de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; y que han servido de contrapeso a los gobiernos evitando que el retroceso en este sentido haya sido mayor.
Puedes ver la ponencia completa de Elena Cáceres en las Jornadas Institucionales 2016 aquí.
