Canarias es la cuarta región española en la que las familias deben dedicar un porcentaje mayor de su presupuesto a los gastos esenciales, según un informe de Foessa y Cáritas española
La Fundación FOESSA y Cáritas han presentado el informe ‘El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo’ que toma de referencia un indicador alternativo para la medición de la pobreza partiendo de las necesidades de los hogares, definidos por una cesta básica de bienes (vivienda, alimentación, ropa, ocio, etc.) y servicios (cuidado de menores de edad y dependientes, transporte, educación, etc.) que se consideran imprescindibles para una existencia digna.
Para desarrollar y validar esta propuesta, se ha realizado una encuesta a una muestra representativa de 2.500 hogares de toda España con el objetivo de recabar información acerca de sus características, identificando así su Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD) y observando a partir de las preguntas de ingresos si estos son suficientes para tener unas condiciones de vida digna, y así también indagar sobre las estrategias que adoptan para solventar las dificultades económicas y la falta de ingresos suficientes.
Definiendo la cesta básica de bienes y servicios, puede calcularse el PRCVD que considere no solo las variaciones regionales en el coste de la vida, sino también, y de manera fundamental, las necesidades específicas de cada tipo de hogar según sus circunstancias. Es decir, el presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas será diferente para cada hogar, en la medida en que cada uno de ellos tiene composición y circunstancias diferentes.
El PRCVD es, por tanto, la cuantía económica necesaria que un hogar necesitaría gastar para satisfacer sus necesidades básicas y, en consecuencia, disponer de unas condiciones de vida mínimas y aceptables en la sociedad en la que vive. De esta forma, el PRCVD establece el umbral de gasto a partir del cual un hogar determinado puede vivir con dignidad en un contexto concreto.
A partir de las características de cada hogar se ha definido una cesta básica atendiendo a sus necesidades y circunstancias (número de personas que componen el hogar, si en este hay niños, niñas y adolescentes en edad escolar o jóvenes en edad de estudiar, si hay personas dependientes, etc.). A partir de dicha cesta básica y de una estimación de costes para cada uno de sus elementos, se ha asignado a cada hogar un presupuesto de referencia para unas condiciones de vida digna. Así, se han definido tres tramos:
· Hogares con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas: aquellos cuyos ingresos son inferiores al 85% de su PRCVD.
· Hogares vulnerables para satisfacer sus necesidades básicas: aquellos cuyos ingresos oscilan entre el 85% y el 115% de su PRCVD.
· Hogares que pueden vivir dignamente y satisfacer con holgura sus necesidades básicas: aquellos cuyos ingresos son superiores al 115% de su PRCVD.
Los resultados de la encuesta arrojan que el 31,5% de los hogares en España no cuenta con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas. Es decir, una seis millones de familias en España tienen unos ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir en condiciones de vida dignas; viven con ingresos inferiores al 85% de su presupuesto de referencia. Por otra parte, un 23,7% tiene ingresos similares al PRCVD y un 44,8% ingresos superiores al 115% del PRCVD.
La distribución de los Presupuestos de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas según la forma en que satisfacen sus necesidades los hogares en Canarias quedaría de la siguiente forma:
Teniendo en cuenta que la renta neta media por hogar en Canarias durante 2021 fue de 26.392 euros (casi 4.000 euros menos que la media española), que la tasa de riesgo de pobreza en 2021 fue del 28,4% (6,7 puntos por encima de la media) y la nueva tasa AROPE del 37,8% (+10 puntos), se puede deducir que el porcentaje de hogares canarios con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas será superior al 31,5% de España. Esto supone la constatación de que una parte importante de la población canaria se encuentra en situación de pobreza; tiene graves dificultades para alcanzar un nivel de vida digno.
El impacto de la covid y el aumento de la inflación a raíz de la guerra en Ucrania han provocado que los hogares reduzcan sus presupuestos. Analizados la distribución de los gastos esenciales y el resto de gastos, se concluye que Canarias es la cuarta región española en la que las familias deben dedicar un porcentaje mayor de su presupuesto a los gastos esenciales (vivienda, alimentación y transporte) con 62,9 euros de cada 100.
El estudio constata que la inflación constante de los últimos meses y la acusada incidencia de la misma los gastos esenciales afecta especialmente a las familias con menos recursos. A partir de la simulación de cómo la inflación está impactando en los hogares con ingresos inferiores a 1.500€, se deduce que, en términos medios, esas familias acabarán dedicando a lo largo de este año en torno a 80 de cada 100€ de los ingresados a poder subsistir.
Las estrategias desarrolladas por los hogares para atender sus necesidades en estos contextos de carencia ponen en peligro el desarrollo pleno de sus derechos, teniendo que renunciar a la educación y a la propia salud, reduciendo gastos esenciales de ropa, calzado, alimentación y suministros del hogar, compartiendo la vivienda con personas sin parentesco, e incluso aceptando trabajos en condiciones inadecuadas. Es una rueda que acumula privación, profundiza situaciones de dificultades presentes y les sitúa en una posición de riesgo elevado frente a crisis futuras.
Desde la Fundación FOESSA y Cáritas se plantea la necesidad de revisar el diseño de las políticas sociales desde un enfoque basado en derechos humanos que de forma genérica:
· Garantice que ningún derecho únicamente se pueda cubrir recurriendo al mercado.
· Considere la vinculación e interdependencia de todos los derechos.
· Profundice y consolide políticas más allá de situaciones coyunturales.
· Potencie la comunidad y los lazos informales como red de apoyo y prevención, como complemento a las políticas sociales de las administraciones públicas.
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