Las coordinadoras arciprestales de Telde-Sur y Telde-Valsequillo denunciaron la tarde del pasado viernes (5 de julio) que “el funcionamiento cada vez más precario de la administración municipal” respecto a la atención de las personas, está afectando de forma más determinante “a los sectores de edad más desprotegidos”, infancia y mayores”. Explicaron que los recortes en “las plazas de guarderías públicas, en asistencia domiciliaria y la complejidad de los trámites burocráticos para acceder a los servicios”, son algunas de las causas de las situaciones de exclusión que se están viviendo en los municipios de Telde y Valsequillo. “Las instituciones”, dijeron, “no están dando la respuesta necesaria ante el incremento de la pobreza en nuestros municipios”.
Pino Franco, coordinadora; Marilé García y Atilio García, portavoces de la Comisión de Denuncia; y Octavio Naranjo, cura acompañante, aseveraron que “el incumplimiento de las instituciones y de los servicios sociales en su obligación de atender a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social”, tiene como consecuencia que las personas y sus problemas sean derivados a organizaciones ajenas a la Administración municipal, insular o regional, como es el Banco de Alimentos, Cruz Roja o la misma Cáritas.
Durante el acto, al que asistió algo menos de un centenar de personas, denunciaron también las situaciones de empobrecimiento de las familias como consecuencia de los recortes en los derechos sociales, las consecuencias de la reforma laboral que abarata despidos sin generar empleo, la paulatina privatización de los servicios públicos que impiden el acceso a los derechos básicos y fundamentales; y, por último, la falta de garantías en ayudas sociales y en la renta básica.
En datos, en las parroquias de ambos arciprestazgos se atendieron a 778 personas, con una incidencia familiar de 95,8%, lo que permite aventurar que el acompañamiento de Cáritas ha llegado a 2.137 personas. Esto quiere decir que aunque a las parroquias y servicios hayan acudido 778 personas, la mayoría de ellas solicitan ayudas para familias formadas por una media de 4 personas.
De las personas atendidas, el 76,6% son mujeres, y la gran mayoría tiene entre 30 y 59 años.
El 33% de las personas atendidas no tienen ingresos, y el sólo el 8,5% percibe algún tipo de prestación de los servicios sociales.
El 58% no tienen derecho al acceso a la sanidad, aunque el 42% está en riesgo de pérdida de dicho derecho.
El 79,9% presentan como nivel de formación máxima los estudios primarios, mientras que el 81,3% está en situación de desempleo.
