En esta situación de pandemia hemos podido hacernos más conscientes de la importancia del hogar, del lugar donde guarecernos, protegernos, estar a salvo, descansar, cuidarnos, etc. Las personas en situación de sin hogar que viven en la calle son un grupo especialmente vulnerable en el contexto de la pandemia: dormir en la calle o en alojamientos que por sus condiciones no pueden garantizar su protección, las coloca en una situación de alto riesgo en el contagio propio y en la transmisión del virus, y dificulta su acceso a un espacio adecuado de cuidado, higiene y/o aislamiento.
Además, se ven en muchas ocasiones desproporcionalmente afectadas por problemas añadidos de salud. La prevalencia, por ejemplo, de enfermedades respiratorias entre la población de personas sin hogar es alta. Sumado a ello, las personas sin hogar enfrentan múltiples barreras para acceder a la atención médica y a la información sobre salud pública.
Muchas de las medidas dirigidas a la población en general en relación a la pandemia (aumento de la higiene, quedarse en casa, distanciamiento social estricto) no son una perspectiva realista ni posible para las personas que viven en la calle, que no disponen de un lugar adecuado donde poder hacerlo. Esta situación de desprotección y mayor vulnerabilidad genera todavía mayor exclusión social y al mismo tiempo las deja fuera de las respuestas a la pandemia que se dan desde las políticas públicas.
En este sentido, destacamos y ponemos en valor el lema de la Campaña de este año: “No tener casa mata” (los sueños, las oportunidades, la salud, los derechos…). Sin querer caer en alarmismos o sensacionalismos, sí que destacamos esa función vital y social de la vivienda como espacio de protección, donde cuidarnos, acceder y disfrutar de los derechos, donde realizarnos como personas, etc., y que venimos además poniendo en valor en la Campaña desde hace años. Además, si nos quedamos en lo literal del lema, es cierto: la esperanza de vida de las personas sin hogar se reduce en comparación con la de la población general. No existen datos exactos para conocer cuál es la mortalidad asociada a las personas sin hogar en España, pero hay estudios de diversos países que permiten formarse una idea aproximada. En la “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020”, se recoge por ejemplo que “la esperanza de vida de las personas sin hogar está entre 42-52 años, aproximadamente 30 años menos que la población general”. Y eso en el caso de las personas sin hogar que viven en la calle, o pasan largos periodos en ella, y que además están mucho más expuestas además a agresiones y violencia. No queremos olvidarnos además del impacto en la salud que tienen las situaciones de exclusión residencial y sinhogarismo que sufren millones de personas que se alojan en viviendas inadecuadas o inseguras, sin condiciones de habitabilidad o dotaciones, sin acceso a suministros, o con amenazas de expulsión, hacinadas, etc. Las condiciones de inseguridad, de dificultad para mantenerse en una vivienda, generan en muchos casos problemas de ansiedad, de angustia, e incluso depresión. La inestabilidad residencial impacta directamente en el bienestar emocional y en la salud psíquica de las personas que viven en hogares vulnerables, que tienen diez veces más riesgo de sufrir peor salud, según el informe “Cuando la casa nos enferma II”, realizado por la asociación Provivienda.
Además de ello, las personas sin hogar que viven en la calle están mucho más expuestas a sufrir delitos de odio: el Observatorio Hatento contra los delitos de odio afirma8 que un 47,1% de las personas en situación de sin hogar refieren al menos un incidente o delito relacionado con su situación de exclusión durante su historia de sinhogarismo. Como decimos, además del impacto que ha tenido para las personas que viven en la calle, la aparición de la COVID19 ha supuesto el agravamiento de situaciones de miles de personas que ya de por sí presentaban una gran vulnerabilidad y fragilidad, que se encontraban en una vivienda insegura o inadecuada, o que incluso se encontraban ya en situaciones de exclusión, y que con el impacto añadido de la pandemia se han visto expulsadas de sus viviendas o de los alojamientos precarios en los que se encontraban.
Estas situaciones requieren de acciones y respuestas rápidas y ágiles para que las personas no inicien o agraven sus procesos de exclusión, de los que además es muy difícil salir. Es necesario implementar medidas de prevención del sinhogarismo, que puedan detectar e intervenir de manera temprana frente a las situaciones de pérdida de vivienda o de riesgo de exclusión residencial, y que faciliten cuanto antes el acceso a un alojamiento adecuado (a una vivienda principalmente, si fuera posible). Para ello es fundamental contar con unas políticas públicas que apuesten por esas medidas de prevención y de acceso a la vivienda, y con unos Servicios Sociales fortalecidos y ágiles, con capacidad de dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades de las personas y familias más vulnerables.
En cambio, la aparición de la COVID19 ha recibido como respuesta en muchos casos por parte de las diferentes administraciones la creación de recursos de emergencia, mayoritariamente asistenciales, en macro espacios como pabellones, polideportivos, etc., y que muchas veces no presentan las condiciones adecuadas de dignidad, intimidad o seguridad. Entendemos que son acciones de emergencia desde el intento de proporcionar espacios de seguridad y alojamiento temporales, pero se corre el riesgo en muchos casos de incorporar esas medidas como adecuadas para abordar la exclusión residencial de manera permanente, y convertirse en una manera de dar respuesta al sinhogarismo que nos recuerda a tiempos pasados. Cualquier intervención social en este sentido debe abandonar los aspectos “macro”, y se debe centrar en respuestas integrales e individualizadas dirigidas hacia el cambio personal, con apoyos y alternativas en las diferentes situaciones que se producen: desde el trabajo de calle, los centros de baja exigencia, centros de acogida, etc., donde se generen dinámicas de trabajo orientadas hacia el acompañamiento, la motivación, el desarrollo de procesos de cambio, etc. Es fundamental que las medidas que se vayan implementando estén orientadas y se fundamenten en el acceso y ejercicio de derechos, como la vivienda, la salud, la protección social, etc.
